Las organizaciones sociales se movilizarán contra la reforma de la Constitución y por la convocatoria de un referéndum
Lunes, 29 de Agosto de 2011 17:40
Las organizaciones sociales y los sindicatos CCOO, UGT y USO, reunidos esta mañana en la sede de CCOO para estudiar acciones contra la reforma de la Constitución que establece un límite de déficit, y para exigir la convocatoria de un referéndum, han decidido realizar concentraciones los días 31 de agosto y 1 de septiembre en distintas localidades del país, víspera de la discusión en el Congreso de la iniciativa pactada por PSOE y PP. Asimismo, han acordado apoyar las demás concentraciones y movilizaciones que se convoquen estos días -en particular la recogida electrónica de firmas-, y celebrar una manifestación en Madrid el día 6 de septiembre, a las 19h, entre Cibeles y Sol, antes del debate en el Senado.
A la reunión han asistido CCOO, UGT, USO, Paz con Dignidad, Consejo de la Juventud de España, Sindicato de Estudiantes, Paz Ahora, Confederación Intersindical, Habitáfrica, Coordinadora de ONGs para el Desarrollo (CONGDE), Plataforma 2015 y +, Asamblea de Cooperación por la Paz, Socialismo 21, Adicae, Comisión Promotora de las Mesas Ciudadanas para la Convergencia y la Acción.
Los asistentes han hecho pública una declaración en la explican las razones por las que rechazan la reforma de la Constitución, que ataca los intereses de los trabajadores, supone una grave limitación al autogobierno de las diferentes AAPP, y constituye una amenaza para las prestaciones e instituciones del Estado de Bienestar.
Sindicatos y ONG consideran que la reforma se realiza además de manera precipitada, urgente, sin debate público y hurtando la participación de los ciudadanos, y sólo satisface las demandas de los mercados frente a las de la sociedad.
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CONTRA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Y POR LA CONVOCATORIA DE UN REFERÉNDUM
Las organizaciones sociales abajo firmantes acuerdan manifestar públicamente su rechazo a la propuesta de reforma de la Constitución Española elaborada por los responsables de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, pedir a los diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios que no la voten favorablemente y que, en el caso de que la propuesta fuera aprobada, se convoque un referéndum para su ratificación.
Consideramos que por su contenido y por sus plazos de aplicación esta reforma no va a ayudar a la reducción de los niveles actuales de déficit público que sólo puede lograrse sin deteriorar gravemente el tejido económico y social de nuestro país, mediante la promoción del crecimiento económico y el empleo, una reforma fiscal equitativa y progresiva y un permanente rigor en el uso del gasto público.
Al mismo tiempo impone una grave limitación a la autonomía de los gobiernos democráticos y a la capacidad de autogobierno presupuestario de las diferentes administraciones públicas. Esto afectará gravemente a su capacidad de utilizar la política presupuestaria al servicio de los objetivos de la política general. Supuestamente motivada por los ataques especulativos a las deudas soberanas, la reforma introduce en nuestra máxima norma jurídica un factor económico de carácter netamente procíclico que puede llegar a impedir la acción de los gobiernos para que nuestra economía no entre, en el futuro, en una recesión. Constituye también una amenaza permanente para las prestaciones e instituciones del Estado de bienestar, las políticas sociales y la cooperación para el desarrollo.
Si el contenido es rechazable, el procedimiento que se va a adoptar para su aprobación es inaceptable: se va a producir con la legislatura agotada, se anuncia en pleno período de vacaciones, se quiere aprobar definitivamente transcurridos sólo quince días desde que el Presidente del Gobierno la propusiera el 23 de agosto, se quiere realizar sin debate político ni social de ninguna clase y, finalmente, sin que la reforma sea sometida a referéndum.
Por todo ello y teniendo en cuenta que su contenido –la constitucionalización de la obligación de equilibrio presupuestario y límite de la deuda en las cuentas de las administraciones públicas- es una opción ideológica y política que además de ser errónea e inútil tiene un carácter marcadamente conservador, podemos afirmar que esta reforma rompe el consenso constitucional sobre el que se basó la elaboración de nuestra Carta Magna.
Ante la gravedad de este proceder, las organizaciones sociales abajo firmantes consideran necesario que la ciudadanía exprese públicamente:
Su rechazo a la reforma constitucional que se propone
La petición a los/as diputados/as y senadores/as de que no la voten favorablemente en el trámite parlamentario.
La exigencia de que si la propuesta es aprobada por el Parlamento sea sometida a referéndum
Para ello, las organizaciones abajo firmantes llaman a la ciudadanía y a las fuerzas políticas y sociales a que participen en las movilizaciones que se convoque. Conscientes de la necesidad de trabajar por la convergencia de todas las organizaciones y plataformas que estamos contra esta reforma de la Constitución, acuerdan en particular:
Convocar concentraciones y manifestaciones los días 31 de agosto y 1 de septiembre en las distintas localidades del Estado español
Apoyar la participación en las demás concentraciones y movilizaciones que se convoquen estos días contra la reforma de la Constitución y por la convocatoria de un referéndum
Apoyar iniciativas de diferente naturaleza, en particular la recogida electrónica de firmas
Culminar con una manifestación en Madrid el próximo martes, 6 de septiembre a las 19:00 entre Cibeles y Sol
Madrid, 29 de agosto de 2011
lunes, 29 de agosto de 2011
sábado, 27 de agosto de 2011
Ante la nueva Reforma Laboral
COMUNICADO DE LAS MESAS CIUDADANAS DE CONVERGENCIA Y ACCIÓN ANTE LA NUEVA REFORMA LABORAL
El 17 de septiembre de 2010 se aprobaba la Ley 35/2010 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. La limitación de derechos laborales que supuso aquella reforma fue prontamente contestada mediante la Huelga General del 29 del mismo mes. El 26 de agosto de 2011, menos de un año después y sin haber si quiera puesto en marcha la totalidad del contenido de aquella reforma, el Gobierno del PSOE ha aprobado una nueva modificación de las leyes laborales, ahondando en la precariedad y en la temporalidad, particularmente de los trabajadores menores de 30 años como supuestas vías, claramente erróneas, de creación de empleo.
La nueva reforma comparte los errores de la anterior y los amplía, siendo de nuevo una muestra de la utilización de las normas laborales como un elemento de amortiguación de las consecuencias de la crisis financiera y del modelo de producción. Ante el contenido del borrador de Real Decreto que será prontamente aprobado por el Gobierno, las Mesas de Convergencia denuncian:
- Que la nueva reforma parte, una vez más, de un error de base como es vincular la salida de crisis económica con la desregulación normativa del mercado de trabajo y la reducción de los derechos de los trabajadores. Es intolerable el grado de cinismo alcanzado por Gobierno y utilizado por el ministro de trabajo Valeriano Gómez y que se resume en la expresión “preferimos tener un empleo temporal antes que un parado”. Con esta frase se pretende justificar la opción por la precariedad como vía para combatir el desempleo, planteando un dilema falso, o precariedad o paro, para cubrir un nuevo regalo a la patronal. Se trata de una falacia interesada y la realidad es la contraria: la precarización del mercado de trabajo es un factor decisivo que explica el alto desempleo existente en España en relación a otros países de la UE. Ante una recaída en recesión la vía más rápida para los despidos es la no renovación de contratos temporales como se evidenció tras el estallido de la crisis en 2008 hasta hoy. Esta medida, junto con las facilidades para realizar despidos por causas económicas incluidas en la reforma de 2010, es la carta de defunción del principio de estabilidad en el empleo y el derecho a un empleo estable y de calidad.
- Que no existe, como no existía en el caso de la anterior reforma del mercado de trabajo, una situación de extraordinaria y urgente que justifique la utilización de un Real Decreto por parte del Gobierno. La utilización de esta norma muestra de la voluntad de rehuir la discusión, primero con los agentes sociales y luego en el parlamento, para la puesta en marcha de las reformas laborales. A esto se une la “agostidad” de la decisión, orientada en idéntico sentido de opacidad y falta de transparencia.
- Que la reforma laboral afirma dirigirse a conseguir la estabilidad en el empleo lo cual es radicalmente falso tal y como afirmó el propio Ministro de Trabajo en la presentación de la misma al señalar que “preferimos tener un empleo temporal antes que un parado”. Esta nueva reforma de 2011 mantiene y agrava los efectos de la del 2010 en la línea de fractura del principio de estabilidad en el empleo, aumento de la precariedad y de la temporalidad. La Ley 35/2010 del septiembre pasado, que reformó el mercado de trabajo, vinculó erróneamente la creación de empleo con una mayor facilidad para despedir, mediante la ampliación del ámbito subjetivo del Contrato para el Fomento de la Contratación Indefinida, que se amplía de nuevo con la actual reforma, con la apertura y de las causas del despido objetivo o la facilitación del procedimiento del despido colectivo. Así mismo, la ley 35/2010 introdujo, como uno de sus pocos puntos positivos, una mejora en la limitación del encadenamiento de contratos temporales. La nueva reforma laboral aprobada el 26 de agosto acaba con este límite, eliminando el art. 15.5 del Estatuto de los Trabajadores y permitiendo así el encadenamiento de contratos temporales sin límite.
- Que la nueva reforma laboral afirma dirigirse a la promoción mejorar las oportunidades de empleo y formación de los jóvenes en situación de desempleo pero basa esta promoción en la precarización de la fórmula contractual que se va a ofrecer a los jóvenes entre los 16 y los 30 años. El nuevo contrato “para el aprendizaje y la formación” permitirá contratar a las personas de menos de 30 años sin título universitario o de formación profesional, con un contrato temporal y un salario que, al adecuarse a la jornada laboral que será un 75% menor que la de un contrato ordinario, puede estar por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Esta vía de inserción laboral no ofrece a los jóvenes más que inseguridad y precariedad.
- Que es cierto que en la nueva reforma se introducen otras cuestiones dirigidas al fomento del empleo, bonificando las cuotas empresariales a la seguridad social en los contratos formativos, sin duda los más precarios, o a mantener la protección social de las personas en situación límite, como la prórroga de la ayuda para la recualificación profesional de las personas que agoten la protección por desempleo. También se trata, como primer punto de esta nueva reforma, la creación del fondo individual de capitalización, que fue uno de los mandatos que la Ley 35/2010 enviaba al Gobierno. Reconociendo la falta de viabilidad de esta propuesta, largamente criticada durante la tramitación de la norma del año pasado, la nueva norma prorroga la actuación del FOGASA limitándola a los despidos procedentes. Aun cuando cada una de estas medidas sea en sí misma positiva en cuanto a la protección puntual de la situación de los empresarios y de los trabajadores, todas ellas son meros parches a los defectos estructurales creados a golpe de reformas laborales efectuadas a rebufo de cada nueva crisis económica.
Por todo lo antedicho, por lo injustificado de la adopción mediante un Real Decreto, sin el acuerdo de los actores sociales y sin el debate parlamentario, con la opacidad derivada de su aprobación durante el mes de agosto y sobretodo por su contenido contrario a los derechos de los trabajadores a un empleo estable y de calidad y en particular de los jóvenes, desde la Promotora de las Mesas de Convergencia y Acción Ciudadana, exigimos
- La retirada inmediata del Real Decreto aprobado por el Gobierno del PSOE el 26 de agosto de 2011
- La apertura de un periodo de negociaciones entre el gobierno y los agentes sociales para acometer una reforma laboral coherente con el principio de estabilidad en el empleo y la calidad del mismo y respetuosa con los derechos de los trabajadores individuales y colectivos así como la tramitación de esta reforma mediante un Ley y no mediante un Real Decreto.
Y para ello desde la Promotora llamamos a la movilización social general en todas las ciudades del Estado y a la toma del espacio público como muestra de protesta y denuncia hasta que se cambie el rumbo de la actual política laboral del Gobierno. Para ello secundamos las movilizaciones ya convocadas como la del 28 de agosto y muy especialmente la del 15 de octubre.
El 17 de septiembre de 2010 se aprobaba la Ley 35/2010 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. La limitación de derechos laborales que supuso aquella reforma fue prontamente contestada mediante la Huelga General del 29 del mismo mes. El 26 de agosto de 2011, menos de un año después y sin haber si quiera puesto en marcha la totalidad del contenido de aquella reforma, el Gobierno del PSOE ha aprobado una nueva modificación de las leyes laborales, ahondando en la precariedad y en la temporalidad, particularmente de los trabajadores menores de 30 años como supuestas vías, claramente erróneas, de creación de empleo.
La nueva reforma comparte los errores de la anterior y los amplía, siendo de nuevo una muestra de la utilización de las normas laborales como un elemento de amortiguación de las consecuencias de la crisis financiera y del modelo de producción. Ante el contenido del borrador de Real Decreto que será prontamente aprobado por el Gobierno, las Mesas de Convergencia denuncian:
- Que la nueva reforma parte, una vez más, de un error de base como es vincular la salida de crisis económica con la desregulación normativa del mercado de trabajo y la reducción de los derechos de los trabajadores. Es intolerable el grado de cinismo alcanzado por Gobierno y utilizado por el ministro de trabajo Valeriano Gómez y que se resume en la expresión “preferimos tener un empleo temporal antes que un parado”. Con esta frase se pretende justificar la opción por la precariedad como vía para combatir el desempleo, planteando un dilema falso, o precariedad o paro, para cubrir un nuevo regalo a la patronal. Se trata de una falacia interesada y la realidad es la contraria: la precarización del mercado de trabajo es un factor decisivo que explica el alto desempleo existente en España en relación a otros países de la UE. Ante una recaída en recesión la vía más rápida para los despidos es la no renovación de contratos temporales como se evidenció tras el estallido de la crisis en 2008 hasta hoy. Esta medida, junto con las facilidades para realizar despidos por causas económicas incluidas en la reforma de 2010, es la carta de defunción del principio de estabilidad en el empleo y el derecho a un empleo estable y de calidad.
- Que no existe, como no existía en el caso de la anterior reforma del mercado de trabajo, una situación de extraordinaria y urgente que justifique la utilización de un Real Decreto por parte del Gobierno. La utilización de esta norma muestra de la voluntad de rehuir la discusión, primero con los agentes sociales y luego en el parlamento, para la puesta en marcha de las reformas laborales. A esto se une la “agostidad” de la decisión, orientada en idéntico sentido de opacidad y falta de transparencia.
- Que la reforma laboral afirma dirigirse a conseguir la estabilidad en el empleo lo cual es radicalmente falso tal y como afirmó el propio Ministro de Trabajo en la presentación de la misma al señalar que “preferimos tener un empleo temporal antes que un parado”. Esta nueva reforma de 2011 mantiene y agrava los efectos de la del 2010 en la línea de fractura del principio de estabilidad en el empleo, aumento de la precariedad y de la temporalidad. La Ley 35/2010 del septiembre pasado, que reformó el mercado de trabajo, vinculó erróneamente la creación de empleo con una mayor facilidad para despedir, mediante la ampliación del ámbito subjetivo del Contrato para el Fomento de la Contratación Indefinida, que se amplía de nuevo con la actual reforma, con la apertura y de las causas del despido objetivo o la facilitación del procedimiento del despido colectivo. Así mismo, la ley 35/2010 introdujo, como uno de sus pocos puntos positivos, una mejora en la limitación del encadenamiento de contratos temporales. La nueva reforma laboral aprobada el 26 de agosto acaba con este límite, eliminando el art. 15.5 del Estatuto de los Trabajadores y permitiendo así el encadenamiento de contratos temporales sin límite.
- Que la nueva reforma laboral afirma dirigirse a la promoción mejorar las oportunidades de empleo y formación de los jóvenes en situación de desempleo pero basa esta promoción en la precarización de la fórmula contractual que se va a ofrecer a los jóvenes entre los 16 y los 30 años. El nuevo contrato “para el aprendizaje y la formación” permitirá contratar a las personas de menos de 30 años sin título universitario o de formación profesional, con un contrato temporal y un salario que, al adecuarse a la jornada laboral que será un 75% menor que la de un contrato ordinario, puede estar por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Esta vía de inserción laboral no ofrece a los jóvenes más que inseguridad y precariedad.
- Que es cierto que en la nueva reforma se introducen otras cuestiones dirigidas al fomento del empleo, bonificando las cuotas empresariales a la seguridad social en los contratos formativos, sin duda los más precarios, o a mantener la protección social de las personas en situación límite, como la prórroga de la ayuda para la recualificación profesional de las personas que agoten la protección por desempleo. También se trata, como primer punto de esta nueva reforma, la creación del fondo individual de capitalización, que fue uno de los mandatos que la Ley 35/2010 enviaba al Gobierno. Reconociendo la falta de viabilidad de esta propuesta, largamente criticada durante la tramitación de la norma del año pasado, la nueva norma prorroga la actuación del FOGASA limitándola a los despidos procedentes. Aun cuando cada una de estas medidas sea en sí misma positiva en cuanto a la protección puntual de la situación de los empresarios y de los trabajadores, todas ellas son meros parches a los defectos estructurales creados a golpe de reformas laborales efectuadas a rebufo de cada nueva crisis económica.
Por todo lo antedicho, por lo injustificado de la adopción mediante un Real Decreto, sin el acuerdo de los actores sociales y sin el debate parlamentario, con la opacidad derivada de su aprobación durante el mes de agosto y sobretodo por su contenido contrario a los derechos de los trabajadores a un empleo estable y de calidad y en particular de los jóvenes, desde la Promotora de las Mesas de Convergencia y Acción Ciudadana, exigimos
- La retirada inmediata del Real Decreto aprobado por el Gobierno del PSOE el 26 de agosto de 2011
- La apertura de un periodo de negociaciones entre el gobierno y los agentes sociales para acometer una reforma laboral coherente con el principio de estabilidad en el empleo y la calidad del mismo y respetuosa con los derechos de los trabajadores individuales y colectivos así como la tramitación de esta reforma mediante un Ley y no mediante un Real Decreto.
Y para ello desde la Promotora llamamos a la movilización social general en todas las ciudades del Estado y a la toma del espacio público como muestra de protesta y denuncia hasta que se cambie el rumbo de la actual política laboral del Gobierno. Para ello secundamos las movilizaciones ya convocadas como la del 28 de agosto y muy especialmente la del 15 de octubre.
Golpe de Estado Económico de los PP$o€
Las Mesas de Convergencia y Acción denuncian el intento de Golpe de Estado económico del PSOE Y PP y reclaman un referéndum vinculante sobre la medida que proponen sobre los déficit públicos
Miércoles, 24 de Agosto de 2011 11:14
Uno de los grandes mitos de las políticas neoliberales que han provocado la crisis más grande de los últimos cien años es que los gobiernos no pueden endeudarse y que deben cerrar sus cuentas con “déficit cero”, el llamado principio de “estabilidad presupuestaria”.
Se trata de un principio cuya bondad intrínseca nadie ha podido demostrar en la ciencia económica y buena prueba de ello es que los gobiernos se lo han tenido que saltar continuamente para evitar males mayores y poder gestionar adecuadamente la economía.
La estabilidad presupuestaria equivale a conducir un automóvil con la dirección fija, sin tener en cuenta que hay que girar a izquierda o derecha cuando se presentan curvas en el camino. Así, cuando una economía va mal y le falta impulso proveniente de la iniciativa privada, la única solución es el gasto público, como acabamos de ver en la crisis reciente. E incluso cuando va bien es cuando una economía puede permitirse cierto endeudamiento para poder invertir en aquellos bienes (obras públicas, colegios, hospitales, centros de investigación…) que tienen un alto coste y no se pueden pagar en un solo momento pero que van a utilizarse por varias generaciones. Sobre todo, las economía como la española que todavía sufren graves déficits sociales y económicos con su entorno.
Por esa razón, renunciar al endeudamiento público es renunciar a la financiación de esos bienes y servicios que son claves para el bienestar de las personas (sobre todo de las que no tienen ingresos para adquirirlos en el mercado) y para las empresas, que no podrían por sí solas financiar el capital social que necesitan para obtener beneficios y crear empleo.
Si la prohibición de incurrir en endeudamiento va acompañada, como además proponen los gobiernos neoliberales, de reducciones de impuestos, la consecuencia inevitable solo puede ser una peor y más insegura gestión económica y una menor provisión de esos bienes públicos, es decir, más crisis, menos empleo y menos riqueza privada y social.
La razón por la que los neoliberales, como ahora Zapatero, se empeñan en adoptar esta medida económicamente irracional es muy clara: abrir la puerta para el negocio privado porque disminuyendo y empeorando la provisión de bienes y servicios públicos es como se puede justificar ante la población una mayor oferta de esos mismos bienes por el mercado. Y, además, porque de esa forma se facilita el incremento de la deuda privada que es el gran negocio de la banca. Pero incluso denunciamos algo más grave y es que se “constitucionaliza” el neoliberalismo, consagrando en la carta magna una determinada ideología política, ultra-liberal y ultra-conservadora.
Todas estas razones hacen que el acuerdo propuesto por el presidente Zapatero en una aplicación política del Pacto del Euro, sea EL MÁS PELIGROSO Y DAÑINO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL PUEBLO ESPAÑOL DESDE LA MUERTE DEL DICTADOR porque condenará a la economía española a permanecer en situación de desventaja y a no poder mejorar nunca su modelo productivo, ni su competitividad, ni sus estándares de bienestar social.
Pero si estas razones justifican de por sí mismas la oposición a este acuerdo, la intención de adoptarlo mediante una reforma de la Constitución sin referéndum, es decir, sin debate social y sin que la población pueda tener información, deliberar y pronunciarse constituye en nuestra opinión UN GOLPE DE ESTADO ECONÓMICO que hay que rechazar por todos los medios pacíficos y democráticos a nuestro alcance.
Por estas razones la Promotora estatal de la red de Mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción llama a todas las organizaciones, sindicatos, partidos, movimientos sociales y personas amantes de la justicia y defensoras del Estado de Derecho, el autogobierno, los estatutos de autonomía y el bienestar social a movilizarse en todas los rincones de nuestras ciudades y centros de trabajo para expresar su rechazo solicitando por todos los medios a su alcance la CONVOCATORIA DE UN REFERENDUM VINCULANTE y la apertura de un debate social plural y auténticamente democrático sobre esta medida.
Promotora Estatal de las Mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción
24 agosto 2011
Puedes apoyar esta propuesta, firmando la iniciativa del profesor Vicenç Navarro en Actuable, utilizando el formulario que verás en la cabecera izquierda del blog.
Al firmar la petición estarás enviando esta carta
Destinatario: Todos los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado
Señorías,
El Presidente ha anunciado su intención de promover la reforma constitucional para incluir un límite al déficit público.
Se trata de una modificación que de acuerdo con la Constitución Española no exige necesariamente la celebración de un referéndum vinculante.
Este asunto es de tal importancia y va a ser tan determinante para nuestro futuro que le pido que si esta modificación es finalmente aprobada por las cámaras, su grupo parlamentario se comprometa a solicitar que esta reforma sea sometida a referéndum para su ratificación tal y como recoge el artículo 167.3 de la Constitución Española.
Atentamente,
El Presidente ha anunciado su intención de promover la reforma constitucional para incluir un límite al déficit público.
Se trata de una modificación que de acuerdo con la Constitución Española no exige necesariamente la celebración de un referéndum vinculante.
Este asunto es de tal importancia y va a ser tan determinante para nuestro futuro que le pido que si esta modificación es finalmente aprobada por las cámaras, su grupo parlamentario se comprometa a solicitar que esta reforma sea sometida a referéndum para su ratificación tal y como recoge el artículo 167.3 de la Constitución Española.
Atentamente,
viernes, 17 de junio de 2011
jueves, 16 de junio de 2011
19-J: Contra el pacto del euro. Democracia real en Europa ¡Ya!
Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa
A finales de marzo los jefes de Estado o de Gobierno de la zona euro más otros seis países (Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía) suscribieron un acuerdo con el que decían que trataban de hacer frente a la crisis y al problema de deuda que se había generado en Europa. En su virtud, establecieron una serie de obligaciones comunes y el compromiso de que los diferentes gobiernos aplicarían las medidas económicas oportunas para hacerlas efectivas. El acuerdo se conoce como Pacto del Euro e implica que todas las medidas que lleve consigo habrán de sujetarse a las recomendaciones que establezca la Comisión Europea, la cual, además, actuará como principal supervisor y evaluador en su aplicación y desarrollo.
El objetivo general del Pacto según sus firmantes
Los firmantes del Pacto afirman que su objetivo general es hacer frente a la deuda incrementando la competitividad de la zona euro, es decir, facilitando la presencia comercial de las empresas de los países que utilizan el euro en los mercados mundiales.
Para lograr ese objetivo el pacto ha establecido cuatro pilares que deberían marcar las líneas principales de actuación económica por parte de los gobiernos nacionales.
El primer pilar del Pacto: impulsar la competitividad
El primer pilar para alcanzar ese objetivo general es el impulso de la competitividad, y los firmantes del Pacto entienden que eso solo se puede lograr bajando los precios y que estos, a su vez, solo se reducen si bajan los salarios. Para ello, se establece la necesidad de controlar los llamados costes laborales unitarios.
Puesto que estos últimos son el resultado de dividir los salarios nominales por la productividad, para bajarlos o se reducen los salarios nominales (el numerador) o se aumenta la productividad (el denominador).
El Pacto propone medidas en ambos sentidos.
Para bajar los salarios nominales recomienda reformas como las siguientes (Los entrecomillados son citas textuales del Pacto que se puede leer en: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/120310.pdf):
-“Revisión de los acuerdos de fijación de salarios”, para restringir sus posibles subidas.
- “Revisión del nivel de centralización del proceso de negociación” para reducir el poder negociador de los trabajadores y así evitar que puedan presionar al alza los salarios al defender su capacidad de compra. Como es bien sabido, cuanto más centralizado esté un sistema de negociación colectiva más trabajadores participan en la negociación y, por tanto, más fuerza tienen. Por el contrario, cuanto más descentralizada sea la negociación (como quieren los líderes neoliberales europeos), más difícil resulta a los trabajadores defender sus derechos o conseguir salarios más elevados: si se negocia a nivel estatal, por ejemplo, los trabajadores pueden tener gran fuerza de negociación pero si se negocia a título personal, no tendrán ninguna. Los firmantes del Pacto proponen esta revisión para que se pueda ir descentralizando la negociación porque saben que así bajarán los salarios, que es lo que buscan.
- “Garantía de que la fijación de salarios en el sector público contribuye a los esfuerzos de competitividad en el sector privado”. Es decir, que los sueldos de los trabajadores públicos se reduzcan para que no sirvan de referencia al alza a los trabajadores del sector privado.
Es evidente que todas estas medidas del Pacto solo están encaminadas a disminuir los salarios, bien de forma inmediata (rebajándolos directamente) bien de forma indirecta (reduciendo la capacidad de negociación de los sindicatos y rebajando los salarios públicos que funcionan como referencia para los salarios privados).
Por tanto, podemos afirmar que el Pacto apuesta por un tipo de competitividad doblemente empobrecedora. Por un lado, porque no la basa en mejorar la calidad o el valor de los productos que ofrecen las empresas europeas sino en igualar a la baja los salarios europeos con el resto de economías del mundo reduciendo, por tanto, los ingresos de la inmensa mayoría de la población y empobreciendo a los trabajadores europeos. El Pacto del Euro es un pacto contra los trabajadores europeos.
Por otro, porque además, hundirá a la economía europea puesto que al reducir los salarios disminuirá también el gasto que se realiza en Europa lo que se traducirá en menos ventas para miles de pequeñas y medianas empresas que viven de las compras que realizan los asalariados europeos.
Desde este punto de vista, los únicos beneficiarios del Pacto son las grandes empresas globales europeas, las que actúan en los mercados mundiales y no solo en el europeo y cuyos beneficios, por tanto, no dependen solo del gasto que se realice en Europa, como suele ocurrir con la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Por esa razón se puede afirmar que el Pacto del Euro es un pacto también contra las pequeñas y medianas empresas europeas.
Y como estas últimas son las que crean la mayor parte del empleo (alrededor del 70% de media en toda Europa) podemos decir que el Pacto del Euro es igualmente un pacto contra el empleo.
Para aumentar la productividad el Pacto recomienda “Mayor apertura de los sectores protegidos”, “Mejorar los sistemas educativos y fomentar la I+D” y “Mejorar el entorno empresarial”.
Significativamente, el Pacto no solo menciona sino que incluso va en la dirección contraria de algunos factores que desde los tiempos de los primeros economistas se sabe que son muy beneficiosos para incrementar la productividad: buenos salarios, buenas condiciones de trabajo, seguridad en el empleo, participación de los trabajadores en la vida de la empresa, protección social adecuada y abundante… Lo que permite afirmar que el Pacto del Euro no busca en realidad aumentar la productividad sino solo reducir los salarios para hacer que aumenten los beneficios de las grandes empresas europeas.
Además, es sabido que de esas tres medidas que propone para aumentar la productividad la más determinante con diferencia es la segunda y todo el mundo sabe que para mejorar los sistema educativos y fomentar la I+D es necesario mucho dinero público.
Sin embargo el Pacto, como veremos más adelante, propone también la reducción de gasto público, de modo que se puede aventurar con toda seguridad que en lugar de aumentar la productividad, lo que provocará el Pacto del Euro será su disminución, al deteriorar las condiciones de trabajo y la dotación de capital social que es imprescindible para que aumente.
Y, por otra parte, el Pacto olvida algo esencial: aunque se lograse que con esas medidas se produjeran incrementos de productividad no es seguro que, unidas a rebajas paralelas de salarios, dieran lugar automáticamente a mayor competitividad ya que ésta, como los propios firmantes del Pacto asumen, depende del precio de los productos en venta. Y si resulta que los mercados, como ocurre en Europa -y el Pacto no propone nada para arreglarlo-, son muy imperfectos, es decir, que están muy concentrados y en ellos dominan pocas empresas con gran poder de mercado, lo más seguro que ocurra es que la bajadas en los costes laborales unitarios se aprovechen por estas empresas para aumentar su beneficio y no para rebajar los precio de sus productos. De hecho, eso es lo que hemos podido comprobar que ocurre constantemente en los mercados europeos (y muy especialmente en los españoles).
Por tanto, podemos decir que, en contra de lo que dice, el Pacto del Euro es en realidad un pacto contra la competitividad de la economía europea.
Finalmente hay que hacer una observación general. Según las tres cuartas partes de las exportaciones de los países europeos son de tipo “intraeuropeo”, es decir, con otros países europeos como importadores. Eso quiere decir que si se reduce la capacidad de consumo de las economías europeas (como consecuencia de las rebajas salariales y de la caída del gasto público) necesariamente también caerán las importaciones… de modo que de nada habrá servido que bajen los precios de los productos exportados, si es que se consiguiera que bajen. Lo que significa que lo que el Pacto del Euro va a producir es una caída de la actividad económica en toda Europa.
El segundo pilar del Pacto: el impulso del empleo.
El impulso del empleo en Europa se trata de conseguir partiendo de la idea de que el desempleo está provocado por un mal funcionamiento del mercado laboral de manera que, para evitarlo, lo que hay que hacer son reformas que modifiquen su regulación y estructura. En concreto, el Pacto propone medidas como “Fomentar la ‘flexiseguridad’”, la “reducción del trabajo no declarado”, el “aumento de la tasa de actividad” y la “educación permanente”, además, por supuesto, de la reducción del coste del trabajo antes señalada.
Para lograr esto último el pacto también recomienda la “reducción de la presión impositiva sobre las rentas del trabajo”, es decir, de las cotizaciones sociales. Una propuesta que es doblemente negativa y perjudicial para la inmensa mayoría de la población. Por un lado, porque debilita el sistema público de pensiones cuya sostenibilidad tanto dicen los dirigentes neoliberales que les preocupa. Por otro, porque lo que en realidad significa es disminuir la masa salarial y, por tanto, generar más desigualdad, más empobrecimiento y menos gasto, con los problemas que esto lleva y que hemos apuntado más arriba. Y, con independencia de ello, también supone aumentar la regresividad del sistema fiscal puesto que, como al mismo tiempo se propone mantener los ingresos fiscales globales, se propone que esa tributación directa (que se sostiene sobre la capacidad de cada persona) se sustituya por impuestos indirectos, que se pagan con independencia del ingreso de los individuos. Es precisamente lo que acaba de proponer la Comisión Europea a España.
La idea de que lo que hay que hacer para crear empleo es abaratar el trabajo y facilitar las condiciones de contratación en los mercados laborales “flexibilizando” las relaciones laborales, de la que parte el Pacto, se demostró que es falsa hace más de setenta años. Es la idea que supone que el empleo se crea solo en función del precio del trabajo sin considerar que el empleo depende, en realidad, de la demanda efectiva que haya en el mercado de bienes y servicios porque, por muy barato que sea el trabajo, si los empresarios no venden los productos que fabrican no contratarán trabajadores.
Por eso el Pacto del Euro es una falacia y un engaño como instrumento para crear empleo: abarata el salario pero como al mismo tiempo debilita el mercado de bienes y servicios porque éste depende del gasto que en su mayor parte realizan los trabajadores, resulta que hace imposible o dificulta, como hemos mencionado ya anteriormente, la creación de empleo. De hecho, los estudios empíricos demuestran que las condiciones que han sido más favorables para la creación de empleo en Europa en las últimas décadas no han sido las que tienen que ver con la flexibilidad en los mercados laborales sino con las condiciones macroeconómicas generales: nivel de salario, tipos de interés, actividad económica, que son precisamente las que deteriora el pacto del Euro (Engelbert Stockhammer y Erik Klär, "Capital accumulation, labour market institutions and unemployment in the medium run". Cambridge Journal of Economics, 2011, 35; pp. 437–457).
Lo que sí conseguirá el Pacto del Euro será precarizar aún más el empleo en Europa, hacerlo más inseguro y temporal, además de más barato. Y, por tanto, menos productivo porque con la generalización de ese tipo de mano de obra será cada vez más difícil que se impulse en Europa la actividad económica de alto valor añadido y más competitiva. Lo que conseguirá el Pacto del Euro será especializar a Europa en la oferta de mano de obra barata vinculada a la oferta de servicios personales de baja calidad, como ya ha ido pasando con los países, como España, en donde se han ido adelantando estas políticas.
En lugar de hacer que Europa sea más competitiva, el Pacto del Euro convertirá a Europa en una especia de gran parque de atracciones de bajo costo del que solo se aprovecharán, como hemos dicho, las grandes empresas europeas que tienen mercados cautivos dentro y fuera de Europa y que son verdaderamente las que han impulsado este pacto y obligado a los gobiernos a firmarlo.
El tercer pilar del Pacto: el “incremento de la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
El Pacto recalca la necesidad de garantizar la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que obliga a reducir los déficit presupuestarios por debajo del 3%, para lo cual se recomienda reformar el sistema de pensiones, el sistema sanitario y las prestaciones sociales, es decir, los gastos que tienen un impacto más directo sobre el bienestar social pero, eso sí, que significan provisión de bienes (pensiones privadas, sanidad privada, cuidados privados, etc.) muy rentables para las empresas privadas (Para entender las falsas razones en las que se basa el Pacto de Estabilidad puede verse, "¿Por qué el 3% de déficit público y no el 2 o el 7? Mentiras y verdades sobre los déficit y la deuda" de Juan Torres López).
En particular se recomienda “el ajuste de la edad de jubilación efectiva a la esperanza de vida”, “la limitación de los planes de jubilación anticipada” y el “uso de incentivos específicos para emplear a trabajadores de más edad”, todo lo cual no sirve sino para debilitar el sistema público de pensiones y así favorecer su progresiva privatización que es en realidad lo que se busca como hemos analizado con más detalle en otro trabajo (sobre la falsedad de esos argumentos puede verse Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos, las respuestas que siempre nos ocultan de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón).
Además, en algunas recomendaciones adicionales la Comisión Europea propone también avanzar en los procesos de privatización de las empresas y servicios públicos, es decir, simplemente proporcionar más suculentos negocios al capital privado porque no es cierto que las privatizaciones constituyan ingresos netos para las arcas públicas: se suelen vender a precios bajos, cuando no regalados, y no se tienen en cuenta los ingresos que se dejan de percibir desde el momento en que las empresas o servicios públicos pasan al sector privado.
Para reafirmar estas medidas antisociales, el Pacto insta a “traducir en legislación nacional las normas presupuestarias de la UE establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento” con objetivo de garantizar que posean un “carácter vinculante y duradero suficientemente sólido”. De hecho, se propone que se introduzcan en leyes marco o incluso en las propias constituciones.
Esta recomendación del Pacto es profundamente antidemocrática y se puede calificar como un auténtico golpe de estado económico ya que significa, por un lado, proponer el blindaje de un determinado tipo de política económica, prohibiendo legalmente todas las alternativas posibles; y, por otro, impedir que los países con más atraso en la dotación de inversiones e infraestructuras sociales puedan recurrir en el futuro al endeudamiento que suele ser el único medios que permite conseguirlas. Es decir, significa condenarlos al atraso y al empobrecimiento.
Esta medida es, además de todo ello, profundamente inútil y a la postre solo va a provocar que haya mucha más deuda de la que se quiere evitar.
El Pacto del Euro ni siquiera va a conseguir reducir el déficit y la deuda con estas imposiciones porque es falso que para aliviar la deuda sea suficiente con limitar el gasto, tal y como han demostrado numerosos estudios empíricos como, por ejemplo, el de Mark Weisbrot y Juan Montecino Alternativas a la austeridad fiscal en España. Lo más probable es que estas medidas terminen produciendo una caída semejante o sustancial en los ingresos porque reducen la actividad y, por tanto, la generación de ingresos para las arcas del Estado, lo que al final impide que desaparezcan los desequilibrios presupuestarios. Con ellas solo se consigue aumentar el malestar social, las carencias sociales y e incluso la falta de los recursos públicos que precisa el capital privado para crear actividad y empleo.
El cuarto pilar del Pacto: el refuerzo de la estabilidad financiera.
En este punto se propone un programa de “coordinación de la política tributaria” pero sin que se determine de antemano. De hecho los Estados simplemente “se comprometen a entablar debates estructurados en torno a la política tributaria”, lo que muestra que la voluntad de avanzar hacia una necesaria hacienda europea con potentes figuras impositivas que promuevan una tipo de economía más productiva y sostenible con un reparto más justo de la renta o hacia la coordinación de la lucha efectiva contra el fraude y la evasión fiscal es nula.
En lo que se refiere a regulación bancaria únicamente se afirma que “efectuarán periódicamente pruebas rigurosas de resistencia bancaria”, una auténtica tomadura de pelo a la ciudadanía europea si se tiene en cuenta que las que se han realizado han sido un completo engaño: baste recordar que afirmaron que los bancos irlandeses se encontraban en perfectas condiciones y que solo unas semanas más tarde hubo que inyectarles 80.000 millones de euros para tapar sus agujeros patrimoniales.
En el caso de España la Comisión Europea también ha recomendado avanzar en el proceso de privatización de las cajas de ahorro, pero permitiendo que, antes de eso, se gaste dinero público en dejarlas saneadas. Con total desvergüenza, las autoridades que suscriben el Pacto y que en tantas ocasiones manifiestan su gran preocupación por el mal uso del dinero público recomiendan “reestructurar las entidades vulnerables, que incluirán soluciones del sector privado” y la “prestación de apoyo público en caso de necesidad”.
Finalmente la problemática de la deuda pública queda al amparo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que tiene como objetivo “salvaguardar la estabilidad financiera de la zona euro” y que tendrá como función prestar asistencia financiera a los países que lo demanden. Esa asistencia la efectuará la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional en colaboración con el Banco Central Europeo y se afirma en el Pacto que dicha asistencia se realizará “bajo unas condiciones estrictas” y tendrá que estar dirigido a “conseguir y conservar la mayor calificación de solvencia de las principales agencias de calificación crediticia”.
La asistencia financiera se realizará en forma de préstamos y de forma excepcional con la compra de deuda en los mercados primarios, pero siempre “con arreglo a un programa de ajuste macroeconómico sujeto a condiciones estrictas”. Es decir, que el Pacto implica sujetar a Europa a la condicionalidad que siempre han usado esos organismos para imponer las políticas de ajuste neoliberal y cuyos resultados han sido nefastos en todos los países en donde se han aplicado.
Conclusiones
El Pacto del Euro es un torpedo hacia la línea de flotación de la Europa social.
Es técnicamente deficiente porque se basa en simples concepciones ideológicas que no tienen más fuerza que el poder de quien resulta beneficiado con las medidas que se proponen.
El punto de partida del que parte (que para hacer frente a la deuda que atenaza a Europa es preciso aumentar la competitividad de las economías nacionales y que eso solo se puede conseguir reduciendo el coste del trabajo) es doblemente falso.
Por un lado es falso porque la deuda que está provocando problemas gravísimos a muchos gobiernos europeos y a las empresas y familias no se ha originado porque las economías europeas sean poco o muy competitivas. La deuda pública generada en los dos últimos años es consecuencia de que los gobiernos han debido afrontar la crisis financiera que han causado la banca internacional y los grandes fondos especulativos. Y la deuda privada es el efecto de la pérdida de ingresos producida por las políticas, como las que ahora se vuelven a proponer, de reducción salarial que se han aplicado en los últimos años. Así lo demuestra el que la crisis y la deuda hayan afectado a países y economías con muy desigual nivel de competitividad.
Y es falso también porque no es verdad, como hemos comentado, que la causa de la deuda sean los salarios excesivos o que se pueda alcanzar más productividad disminuyéndolos.
Por lo tanto, el Pacto de Euro es una colosal estafa concebida solo para favorecer los beneficios de la banca y de las grandes empresas porque diciendo que trata de luchar contra la deuda lo que provocará con el tipo de medidas que propone será que haya menos empleo, menos ingresos salariales y de pequeñas y medianas empresas y, por tanto, que la deuda aumente en realidad aún más en el futuro. ¡Que es justamente lo que le interesa y pretende la banca! porque no hay que olvidar que el negocio que le proporciona beneficio y poder es precisamente la generación de deuda.
La lucha contra la deuda de los líderes europeos es solo aparente. Es falsa. La verdadera causa del incremento brutal de la deuda en Europa ha sido la pérdida de peso de las rentas salariales de los últimos años y de la recaudación impositiva que han producido las políticas que vienen defendiendo. Lo que el Pacto del Euro dice que es luchar contra la deuda es, en realidad, una lucha contra el gasto público destinado a suministrar bienes y servicios sociales a la población de ingresos más bajos para justificar de esa forma su conversión en negocio privado mediante las privatizaciones que propone. Buena prueba de ello es que el Pacto de Euro no haga mención alguna del gasto público dedicado a subvencionar a los grandes grupos empresariales, a la banca o a la industria militar a la hora de ahorrar dinero público. Si de verdad quisiera reducir el gasto improductivo ¿cómo es que no propone reducir este último?
Y el Pacto del Euro no solo es una estafa por lo que dice sino también por lo que calla, es decir, porque no aborda los verdaderos problemas de la economía y la sociedad europeas: nada se hace para garantizar que el sistema bancario funcione y vuelva a financiar a empresas y consumidores; nada se propone para frenar a los especuladores que son los que realmente provocaron la crisis y los que ahora se hacen de oro gracias a las emisiones de deuda; guarda silencio sobre el incremento espectacular de las desigualdades, o sobre el uso criminal de los paraísos fiscales dentro del propio territorio europeo…, por citar solo algunos.
El Pacto del Euro, en fin, es un engaño para ocultar que el problema radica en la propia constitución de la unión monetaria sobre bases técnicamente erróneas, antisociales y solo favorables para el gran capital empresarial y bancario.
Europa es cada vez más necesaria pero su constitución monetaria y política se acerca más al diseño de una dictadura que al de una democracia real y por eso las mujeres y los hombres decentes que aspiran a vivir en un mundo justo, respetuoso con la naturaleza y en paz con los seres humanos, debemos oponernos con fuerza a este nuevo intento del Pacto del Euro dedicado a someter a las personas a la única razón del beneficio privado.
La Europa del euro neoliberal ha dado ya de sí todo lo que podía dar y esto solo ha sido el incremento de las desigualdades, crisis financieras, pérdida de puestos de trabajo, degeneración del empleo y cierre de millones de pequeñas y medianas empresas. Solo los beneficios del gran capital se benefician netamente del euro así que o se cambian las condiciones en que se encuentra Europa esclavizada por esta unión monetaria o no habrá otra alternativa que luchar por salir del euro para poder aplicar otras políticas económicas que proporcionen bienestar humano, sostenibilidad y equilibrio social y de cuyo contenido nos ocuparemos en un artículo posterior.
* Juan Torres López (http://www.juantorreslopez.com) es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Científico de ATTAC-España. Alberto Garzón Espinosa (http://www.agarzon.net) es investigador en la Universidad Pablo de Olavide y miembro del Consejo Científico de ATTAC-España. Ambos son editores de www.altereconomia.org
A finales de marzo los jefes de Estado o de Gobierno de la zona euro más otros seis países (Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía) suscribieron un acuerdo con el que decían que trataban de hacer frente a la crisis y al problema de deuda que se había generado en Europa. En su virtud, establecieron una serie de obligaciones comunes y el compromiso de que los diferentes gobiernos aplicarían las medidas económicas oportunas para hacerlas efectivas. El acuerdo se conoce como Pacto del Euro e implica que todas las medidas que lleve consigo habrán de sujetarse a las recomendaciones que establezca la Comisión Europea, la cual, además, actuará como principal supervisor y evaluador en su aplicación y desarrollo.
El objetivo general del Pacto según sus firmantes
Los firmantes del Pacto afirman que su objetivo general es hacer frente a la deuda incrementando la competitividad de la zona euro, es decir, facilitando la presencia comercial de las empresas de los países que utilizan el euro en los mercados mundiales.
Para lograr ese objetivo el pacto ha establecido cuatro pilares que deberían marcar las líneas principales de actuación económica por parte de los gobiernos nacionales.
El primer pilar del Pacto: impulsar la competitividad
El primer pilar para alcanzar ese objetivo general es el impulso de la competitividad, y los firmantes del Pacto entienden que eso solo se puede lograr bajando los precios y que estos, a su vez, solo se reducen si bajan los salarios. Para ello, se establece la necesidad de controlar los llamados costes laborales unitarios.
Puesto que estos últimos son el resultado de dividir los salarios nominales por la productividad, para bajarlos o se reducen los salarios nominales (el numerador) o se aumenta la productividad (el denominador).
El Pacto propone medidas en ambos sentidos.
Para bajar los salarios nominales recomienda reformas como las siguientes (Los entrecomillados son citas textuales del Pacto que se puede leer en: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/120310.pdf):
-“Revisión de los acuerdos de fijación de salarios”, para restringir sus posibles subidas.
- “Revisión del nivel de centralización del proceso de negociación” para reducir el poder negociador de los trabajadores y así evitar que puedan presionar al alza los salarios al defender su capacidad de compra. Como es bien sabido, cuanto más centralizado esté un sistema de negociación colectiva más trabajadores participan en la negociación y, por tanto, más fuerza tienen. Por el contrario, cuanto más descentralizada sea la negociación (como quieren los líderes neoliberales europeos), más difícil resulta a los trabajadores defender sus derechos o conseguir salarios más elevados: si se negocia a nivel estatal, por ejemplo, los trabajadores pueden tener gran fuerza de negociación pero si se negocia a título personal, no tendrán ninguna. Los firmantes del Pacto proponen esta revisión para que se pueda ir descentralizando la negociación porque saben que así bajarán los salarios, que es lo que buscan.
- “Garantía de que la fijación de salarios en el sector público contribuye a los esfuerzos de competitividad en el sector privado”. Es decir, que los sueldos de los trabajadores públicos se reduzcan para que no sirvan de referencia al alza a los trabajadores del sector privado.
Es evidente que todas estas medidas del Pacto solo están encaminadas a disminuir los salarios, bien de forma inmediata (rebajándolos directamente) bien de forma indirecta (reduciendo la capacidad de negociación de los sindicatos y rebajando los salarios públicos que funcionan como referencia para los salarios privados).
Por tanto, podemos afirmar que el Pacto apuesta por un tipo de competitividad doblemente empobrecedora. Por un lado, porque no la basa en mejorar la calidad o el valor de los productos que ofrecen las empresas europeas sino en igualar a la baja los salarios europeos con el resto de economías del mundo reduciendo, por tanto, los ingresos de la inmensa mayoría de la población y empobreciendo a los trabajadores europeos. El Pacto del Euro es un pacto contra los trabajadores europeos.
Por otro, porque además, hundirá a la economía europea puesto que al reducir los salarios disminuirá también el gasto que se realiza en Europa lo que se traducirá en menos ventas para miles de pequeñas y medianas empresas que viven de las compras que realizan los asalariados europeos.
Desde este punto de vista, los únicos beneficiarios del Pacto son las grandes empresas globales europeas, las que actúan en los mercados mundiales y no solo en el europeo y cuyos beneficios, por tanto, no dependen solo del gasto que se realice en Europa, como suele ocurrir con la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Por esa razón se puede afirmar que el Pacto del Euro es un pacto también contra las pequeñas y medianas empresas europeas.
Y como estas últimas son las que crean la mayor parte del empleo (alrededor del 70% de media en toda Europa) podemos decir que el Pacto del Euro es igualmente un pacto contra el empleo.
Para aumentar la productividad el Pacto recomienda “Mayor apertura de los sectores protegidos”, “Mejorar los sistemas educativos y fomentar la I+D” y “Mejorar el entorno empresarial”.
Significativamente, el Pacto no solo menciona sino que incluso va en la dirección contraria de algunos factores que desde los tiempos de los primeros economistas se sabe que son muy beneficiosos para incrementar la productividad: buenos salarios, buenas condiciones de trabajo, seguridad en el empleo, participación de los trabajadores en la vida de la empresa, protección social adecuada y abundante… Lo que permite afirmar que el Pacto del Euro no busca en realidad aumentar la productividad sino solo reducir los salarios para hacer que aumenten los beneficios de las grandes empresas europeas.
Además, es sabido que de esas tres medidas que propone para aumentar la productividad la más determinante con diferencia es la segunda y todo el mundo sabe que para mejorar los sistema educativos y fomentar la I+D es necesario mucho dinero público.
Sin embargo el Pacto, como veremos más adelante, propone también la reducción de gasto público, de modo que se puede aventurar con toda seguridad que en lugar de aumentar la productividad, lo que provocará el Pacto del Euro será su disminución, al deteriorar las condiciones de trabajo y la dotación de capital social que es imprescindible para que aumente.
Y, por otra parte, el Pacto olvida algo esencial: aunque se lograse que con esas medidas se produjeran incrementos de productividad no es seguro que, unidas a rebajas paralelas de salarios, dieran lugar automáticamente a mayor competitividad ya que ésta, como los propios firmantes del Pacto asumen, depende del precio de los productos en venta. Y si resulta que los mercados, como ocurre en Europa -y el Pacto no propone nada para arreglarlo-, son muy imperfectos, es decir, que están muy concentrados y en ellos dominan pocas empresas con gran poder de mercado, lo más seguro que ocurra es que la bajadas en los costes laborales unitarios se aprovechen por estas empresas para aumentar su beneficio y no para rebajar los precio de sus productos. De hecho, eso es lo que hemos podido comprobar que ocurre constantemente en los mercados europeos (y muy especialmente en los españoles).
Por tanto, podemos decir que, en contra de lo que dice, el Pacto del Euro es en realidad un pacto contra la competitividad de la economía europea.
Finalmente hay que hacer una observación general. Según las tres cuartas partes de las exportaciones de los países europeos son de tipo “intraeuropeo”, es decir, con otros países europeos como importadores. Eso quiere decir que si se reduce la capacidad de consumo de las economías europeas (como consecuencia de las rebajas salariales y de la caída del gasto público) necesariamente también caerán las importaciones… de modo que de nada habrá servido que bajen los precios de los productos exportados, si es que se consiguiera que bajen. Lo que significa que lo que el Pacto del Euro va a producir es una caída de la actividad económica en toda Europa.
El segundo pilar del Pacto: el impulso del empleo.
El impulso del empleo en Europa se trata de conseguir partiendo de la idea de que el desempleo está provocado por un mal funcionamiento del mercado laboral de manera que, para evitarlo, lo que hay que hacer son reformas que modifiquen su regulación y estructura. En concreto, el Pacto propone medidas como “Fomentar la ‘flexiseguridad’”, la “reducción del trabajo no declarado”, el “aumento de la tasa de actividad” y la “educación permanente”, además, por supuesto, de la reducción del coste del trabajo antes señalada.
Para lograr esto último el pacto también recomienda la “reducción de la presión impositiva sobre las rentas del trabajo”, es decir, de las cotizaciones sociales. Una propuesta que es doblemente negativa y perjudicial para la inmensa mayoría de la población. Por un lado, porque debilita el sistema público de pensiones cuya sostenibilidad tanto dicen los dirigentes neoliberales que les preocupa. Por otro, porque lo que en realidad significa es disminuir la masa salarial y, por tanto, generar más desigualdad, más empobrecimiento y menos gasto, con los problemas que esto lleva y que hemos apuntado más arriba. Y, con independencia de ello, también supone aumentar la regresividad del sistema fiscal puesto que, como al mismo tiempo se propone mantener los ingresos fiscales globales, se propone que esa tributación directa (que se sostiene sobre la capacidad de cada persona) se sustituya por impuestos indirectos, que se pagan con independencia del ingreso de los individuos. Es precisamente lo que acaba de proponer la Comisión Europea a España.
La idea de que lo que hay que hacer para crear empleo es abaratar el trabajo y facilitar las condiciones de contratación en los mercados laborales “flexibilizando” las relaciones laborales, de la que parte el Pacto, se demostró que es falsa hace más de setenta años. Es la idea que supone que el empleo se crea solo en función del precio del trabajo sin considerar que el empleo depende, en realidad, de la demanda efectiva que haya en el mercado de bienes y servicios porque, por muy barato que sea el trabajo, si los empresarios no venden los productos que fabrican no contratarán trabajadores.
Por eso el Pacto del Euro es una falacia y un engaño como instrumento para crear empleo: abarata el salario pero como al mismo tiempo debilita el mercado de bienes y servicios porque éste depende del gasto que en su mayor parte realizan los trabajadores, resulta que hace imposible o dificulta, como hemos mencionado ya anteriormente, la creación de empleo. De hecho, los estudios empíricos demuestran que las condiciones que han sido más favorables para la creación de empleo en Europa en las últimas décadas no han sido las que tienen que ver con la flexibilidad en los mercados laborales sino con las condiciones macroeconómicas generales: nivel de salario, tipos de interés, actividad económica, que son precisamente las que deteriora el pacto del Euro (Engelbert Stockhammer y Erik Klär, "Capital accumulation, labour market institutions and unemployment in the medium run". Cambridge Journal of Economics, 2011, 35; pp. 437–457).
Lo que sí conseguirá el Pacto del Euro será precarizar aún más el empleo en Europa, hacerlo más inseguro y temporal, además de más barato. Y, por tanto, menos productivo porque con la generalización de ese tipo de mano de obra será cada vez más difícil que se impulse en Europa la actividad económica de alto valor añadido y más competitiva. Lo que conseguirá el Pacto del Euro será especializar a Europa en la oferta de mano de obra barata vinculada a la oferta de servicios personales de baja calidad, como ya ha ido pasando con los países, como España, en donde se han ido adelantando estas políticas.
En lugar de hacer que Europa sea más competitiva, el Pacto del Euro convertirá a Europa en una especia de gran parque de atracciones de bajo costo del que solo se aprovecharán, como hemos dicho, las grandes empresas europeas que tienen mercados cautivos dentro y fuera de Europa y que son verdaderamente las que han impulsado este pacto y obligado a los gobiernos a firmarlo.
El tercer pilar del Pacto: el “incremento de la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
El Pacto recalca la necesidad de garantizar la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que obliga a reducir los déficit presupuestarios por debajo del 3%, para lo cual se recomienda reformar el sistema de pensiones, el sistema sanitario y las prestaciones sociales, es decir, los gastos que tienen un impacto más directo sobre el bienestar social pero, eso sí, que significan provisión de bienes (pensiones privadas, sanidad privada, cuidados privados, etc.) muy rentables para las empresas privadas (Para entender las falsas razones en las que se basa el Pacto de Estabilidad puede verse, "¿Por qué el 3% de déficit público y no el 2 o el 7? Mentiras y verdades sobre los déficit y la deuda" de Juan Torres López).
En particular se recomienda “el ajuste de la edad de jubilación efectiva a la esperanza de vida”, “la limitación de los planes de jubilación anticipada” y el “uso de incentivos específicos para emplear a trabajadores de más edad”, todo lo cual no sirve sino para debilitar el sistema público de pensiones y así favorecer su progresiva privatización que es en realidad lo que se busca como hemos analizado con más detalle en otro trabajo (sobre la falsedad de esos argumentos puede verse Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos, las respuestas que siempre nos ocultan de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón).
Además, en algunas recomendaciones adicionales la Comisión Europea propone también avanzar en los procesos de privatización de las empresas y servicios públicos, es decir, simplemente proporcionar más suculentos negocios al capital privado porque no es cierto que las privatizaciones constituyan ingresos netos para las arcas públicas: se suelen vender a precios bajos, cuando no regalados, y no se tienen en cuenta los ingresos que se dejan de percibir desde el momento en que las empresas o servicios públicos pasan al sector privado.
Para reafirmar estas medidas antisociales, el Pacto insta a “traducir en legislación nacional las normas presupuestarias de la UE establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento” con objetivo de garantizar que posean un “carácter vinculante y duradero suficientemente sólido”. De hecho, se propone que se introduzcan en leyes marco o incluso en las propias constituciones.
Esta recomendación del Pacto es profundamente antidemocrática y se puede calificar como un auténtico golpe de estado económico ya que significa, por un lado, proponer el blindaje de un determinado tipo de política económica, prohibiendo legalmente todas las alternativas posibles; y, por otro, impedir que los países con más atraso en la dotación de inversiones e infraestructuras sociales puedan recurrir en el futuro al endeudamiento que suele ser el único medios que permite conseguirlas. Es decir, significa condenarlos al atraso y al empobrecimiento.
Esta medida es, además de todo ello, profundamente inútil y a la postre solo va a provocar que haya mucha más deuda de la que se quiere evitar.
El Pacto del Euro ni siquiera va a conseguir reducir el déficit y la deuda con estas imposiciones porque es falso que para aliviar la deuda sea suficiente con limitar el gasto, tal y como han demostrado numerosos estudios empíricos como, por ejemplo, el de Mark Weisbrot y Juan Montecino Alternativas a la austeridad fiscal en España. Lo más probable es que estas medidas terminen produciendo una caída semejante o sustancial en los ingresos porque reducen la actividad y, por tanto, la generación de ingresos para las arcas del Estado, lo que al final impide que desaparezcan los desequilibrios presupuestarios. Con ellas solo se consigue aumentar el malestar social, las carencias sociales y e incluso la falta de los recursos públicos que precisa el capital privado para crear actividad y empleo.
El cuarto pilar del Pacto: el refuerzo de la estabilidad financiera.
En este punto se propone un programa de “coordinación de la política tributaria” pero sin que se determine de antemano. De hecho los Estados simplemente “se comprometen a entablar debates estructurados en torno a la política tributaria”, lo que muestra que la voluntad de avanzar hacia una necesaria hacienda europea con potentes figuras impositivas que promuevan una tipo de economía más productiva y sostenible con un reparto más justo de la renta o hacia la coordinación de la lucha efectiva contra el fraude y la evasión fiscal es nula.
En lo que se refiere a regulación bancaria únicamente se afirma que “efectuarán periódicamente pruebas rigurosas de resistencia bancaria”, una auténtica tomadura de pelo a la ciudadanía europea si se tiene en cuenta que las que se han realizado han sido un completo engaño: baste recordar que afirmaron que los bancos irlandeses se encontraban en perfectas condiciones y que solo unas semanas más tarde hubo que inyectarles 80.000 millones de euros para tapar sus agujeros patrimoniales.
En el caso de España la Comisión Europea también ha recomendado avanzar en el proceso de privatización de las cajas de ahorro, pero permitiendo que, antes de eso, se gaste dinero público en dejarlas saneadas. Con total desvergüenza, las autoridades que suscriben el Pacto y que en tantas ocasiones manifiestan su gran preocupación por el mal uso del dinero público recomiendan “reestructurar las entidades vulnerables, que incluirán soluciones del sector privado” y la “prestación de apoyo público en caso de necesidad”.
Finalmente la problemática de la deuda pública queda al amparo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que tiene como objetivo “salvaguardar la estabilidad financiera de la zona euro” y que tendrá como función prestar asistencia financiera a los países que lo demanden. Esa asistencia la efectuará la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional en colaboración con el Banco Central Europeo y se afirma en el Pacto que dicha asistencia se realizará “bajo unas condiciones estrictas” y tendrá que estar dirigido a “conseguir y conservar la mayor calificación de solvencia de las principales agencias de calificación crediticia”.
La asistencia financiera se realizará en forma de préstamos y de forma excepcional con la compra de deuda en los mercados primarios, pero siempre “con arreglo a un programa de ajuste macroeconómico sujeto a condiciones estrictas”. Es decir, que el Pacto implica sujetar a Europa a la condicionalidad que siempre han usado esos organismos para imponer las políticas de ajuste neoliberal y cuyos resultados han sido nefastos en todos los países en donde se han aplicado.
Conclusiones
El Pacto del Euro es un torpedo hacia la línea de flotación de la Europa social.
Es técnicamente deficiente porque se basa en simples concepciones ideológicas que no tienen más fuerza que el poder de quien resulta beneficiado con las medidas que se proponen.
El punto de partida del que parte (que para hacer frente a la deuda que atenaza a Europa es preciso aumentar la competitividad de las economías nacionales y que eso solo se puede conseguir reduciendo el coste del trabajo) es doblemente falso.
Por un lado es falso porque la deuda que está provocando problemas gravísimos a muchos gobiernos europeos y a las empresas y familias no se ha originado porque las economías europeas sean poco o muy competitivas. La deuda pública generada en los dos últimos años es consecuencia de que los gobiernos han debido afrontar la crisis financiera que han causado la banca internacional y los grandes fondos especulativos. Y la deuda privada es el efecto de la pérdida de ingresos producida por las políticas, como las que ahora se vuelven a proponer, de reducción salarial que se han aplicado en los últimos años. Así lo demuestra el que la crisis y la deuda hayan afectado a países y economías con muy desigual nivel de competitividad.
Y es falso también porque no es verdad, como hemos comentado, que la causa de la deuda sean los salarios excesivos o que se pueda alcanzar más productividad disminuyéndolos.
Por lo tanto, el Pacto de Euro es una colosal estafa concebida solo para favorecer los beneficios de la banca y de las grandes empresas porque diciendo que trata de luchar contra la deuda lo que provocará con el tipo de medidas que propone será que haya menos empleo, menos ingresos salariales y de pequeñas y medianas empresas y, por tanto, que la deuda aumente en realidad aún más en el futuro. ¡Que es justamente lo que le interesa y pretende la banca! porque no hay que olvidar que el negocio que le proporciona beneficio y poder es precisamente la generación de deuda.
La lucha contra la deuda de los líderes europeos es solo aparente. Es falsa. La verdadera causa del incremento brutal de la deuda en Europa ha sido la pérdida de peso de las rentas salariales de los últimos años y de la recaudación impositiva que han producido las políticas que vienen defendiendo. Lo que el Pacto del Euro dice que es luchar contra la deuda es, en realidad, una lucha contra el gasto público destinado a suministrar bienes y servicios sociales a la población de ingresos más bajos para justificar de esa forma su conversión en negocio privado mediante las privatizaciones que propone. Buena prueba de ello es que el Pacto de Euro no haga mención alguna del gasto público dedicado a subvencionar a los grandes grupos empresariales, a la banca o a la industria militar a la hora de ahorrar dinero público. Si de verdad quisiera reducir el gasto improductivo ¿cómo es que no propone reducir este último?
Y el Pacto del Euro no solo es una estafa por lo que dice sino también por lo que calla, es decir, porque no aborda los verdaderos problemas de la economía y la sociedad europeas: nada se hace para garantizar que el sistema bancario funcione y vuelva a financiar a empresas y consumidores; nada se propone para frenar a los especuladores que son los que realmente provocaron la crisis y los que ahora se hacen de oro gracias a las emisiones de deuda; guarda silencio sobre el incremento espectacular de las desigualdades, o sobre el uso criminal de los paraísos fiscales dentro del propio territorio europeo…, por citar solo algunos.
El Pacto del Euro, en fin, es un engaño para ocultar que el problema radica en la propia constitución de la unión monetaria sobre bases técnicamente erróneas, antisociales y solo favorables para el gran capital empresarial y bancario.
Europa es cada vez más necesaria pero su constitución monetaria y política se acerca más al diseño de una dictadura que al de una democracia real y por eso las mujeres y los hombres decentes que aspiran a vivir en un mundo justo, respetuoso con la naturaleza y en paz con los seres humanos, debemos oponernos con fuerza a este nuevo intento del Pacto del Euro dedicado a someter a las personas a la única razón del beneficio privado.
La Europa del euro neoliberal ha dado ya de sí todo lo que podía dar y esto solo ha sido el incremento de las desigualdades, crisis financieras, pérdida de puestos de trabajo, degeneración del empleo y cierre de millones de pequeñas y medianas empresas. Solo los beneficios del gran capital se benefician netamente del euro así que o se cambian las condiciones en que se encuentra Europa esclavizada por esta unión monetaria o no habrá otra alternativa que luchar por salir del euro para poder aplicar otras políticas económicas que proporcionen bienestar humano, sostenibilidad y equilibrio social y de cuyo contenido nos ocuparemos en un artículo posterior.
* Juan Torres López (http://www.juantorreslopez.com) es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Científico de ATTAC-España. Alberto Garzón Espinosa (http://www.agarzon.net) es investigador en la Universidad Pablo de Olavide y miembro del Consejo Científico de ATTAC-España. Ambos son editores de www.altereconomia.org
MIÉRCOLES 15 DE JUNIO DE 2011
Propuesta ciudadana de medidas al Ayuntamiento de Murcia
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1º.-Reglamento de participación ciudadana que recoja la aplicación de presupuestos participativos,
en Barrios y pedanías. Los vecinos reunirán las principales necesidades y demandas de sus barrios, posteriormente los equipos técnicos municipales redactarán y valorarán los proyectos, éstos ya valorados serán sometidos a las asambleas de barrios, para que se elijan aquellos prioritarios.
2 º Que se nos informe con toda transparencia de:
Salario bruto del Alcalde y los concejales, CITANDO DE MANERA EXPLÍCITA TODOS LOS CONCEPTOS.
3º Conservación y respeto de ecosistemas determinados como el río Segura y espacios naturales protegidos como Gorguel. Una gestión abierta pública y transparente del conjunto natural de la región de Murcia como por ejemplo paralizar la construcción de las 1400-1500 viviendas en la ladera de la Fuensanta.
4º.- Que independientemente del resultado judicial, se demande a los responsables; Empresarios, Políticos y Funcionarios implicados en el caso Umbra (presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Murcia, por el abono de las pérdidas que el Ayuntamiento tuvo de 360 millones de euros, en los convenios firmados en la zona norte del municipio)
5º.- Que la ciudadanía sea informada de todas las ayudas y subvenciones.
Aportando tanto un listado de las mismas, como su criterio de adopción, especialmente aquellas en las que el Señor Alcalde ha afirmado, no supondrían ningún gasto para los ciudadanos, como el Tranvía y Terra Natura. Promovido y construido por La Generala, y Terra Natura, con informe desfavorable del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
6º.- Que cese inmediatamente el canon a la empresa Tribugest, concretamente la recaudación voluntaria. El ayuntamiento no debe pagar por un trabajo que no realizan.
7º.- Medidas para las familias que estén en paro y no tengan ingresos:
Gratuidad en el transporte público.
No interrupción del suministro de agua, y eléctrico, los servicios sociales de los distintos municipios, prestarán toda la ayuda e información necesarias para evitarlo.
Bonificación del IBI e impuesto de vehículos.
No ejecución de embargos de bienes, así como el manifiesto ROTUNDO del ayuntamiento en contra de los desahucios de la vivienda.
A todas estas medidas se aportarán informes acreditados de los servicios sociales sobre la situación de los afectados sin prestaciones.
8º.- Que el ayuntamiento acabe con la precariedad y cumpla el Acuerdo de Condiciones de Trabajo, especialmente en lo relacionado con Oferta de Empleo Público. Eliminando la situación anómala de más de 300 contratados, alguno con más de 5 años de antigüedad, cuya rotación de contratos se repite hasta 6 veces para una misma persona.
9º.- NO AL LATROCINIO DEL PUEBLO, NO A LAS PRIVATIZACIONES.
Con un plan perfectamente diseñado se han venido privatizando los Servicios públicos.
Detrás de las privatizaciones se esconden el paso de patrimonio y recursos de todos a manos de unos pocos ,que suelen ser amigos de los políticos de turno. Las privatizaciones también esconden subidas de impuestos encubiertas, para financiar en algunos casos necesidades reales, y en otros para continuar con el despilfarro abonando aún más las políticas clientelares.
Sanidad, Educación y demás servicios públicos, no sólo son la expresión de S O L I D A R I D A D de la sociedad con los más necesitados, sino la garantía de redistribución de la riqueza.
Por todo esto EXIGIMOS de la corporación municipal.
¡¡ NI UNA PRIVATIZACIÓN MÁS!!
Propuesta ciudadana de medidas al Ayuntamiento de Murcia
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1º.-Reglamento de participación ciudadana que recoja la aplicación de presupuestos participativos,
en Barrios y pedanías. Los vecinos reunirán las principales necesidades y demandas de sus barrios, posteriormente los equipos técnicos municipales redactarán y valorarán los proyectos, éstos ya valorados serán sometidos a las asambleas de barrios, para que se elijan aquellos prioritarios.
2 º Que se nos informe con toda transparencia de:
Salario bruto del Alcalde y los concejales, CITANDO DE MANERA EXPLÍCITA TODOS LOS CONCEPTOS.
3º Conservación y respeto de ecosistemas determinados como el río Segura y espacios naturales protegidos como Gorguel. Una gestión abierta pública y transparente del conjunto natural de la región de Murcia como por ejemplo paralizar la construcción de las 1400-1500 viviendas en la ladera de la Fuensanta.
4º.- Que independientemente del resultado judicial, se demande a los responsables; Empresarios, Políticos y Funcionarios implicados en el caso Umbra (presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Murcia, por el abono de las pérdidas que el Ayuntamiento tuvo de 360 millones de euros, en los convenios firmados en la zona norte del municipio)
5º.- Que la ciudadanía sea informada de todas las ayudas y subvenciones.
Aportando tanto un listado de las mismas, como su criterio de adopción, especialmente aquellas en las que el Señor Alcalde ha afirmado, no supondrían ningún gasto para los ciudadanos, como el Tranvía y Terra Natura. Promovido y construido por La Generala, y Terra Natura, con informe desfavorable del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
6º.- Que cese inmediatamente el canon a la empresa Tribugest, concretamente la recaudación voluntaria. El ayuntamiento no debe pagar por un trabajo que no realizan.
7º.- Medidas para las familias que estén en paro y no tengan ingresos:
Gratuidad en el transporte público.
No interrupción del suministro de agua, y eléctrico, los servicios sociales de los distintos municipios, prestarán toda la ayuda e información necesarias para evitarlo.
Bonificación del IBI e impuesto de vehículos.
No ejecución de embargos de bienes, así como el manifiesto ROTUNDO del ayuntamiento en contra de los desahucios de la vivienda.
A todas estas medidas se aportarán informes acreditados de los servicios sociales sobre la situación de los afectados sin prestaciones.
8º.- Que el ayuntamiento acabe con la precariedad y cumpla el Acuerdo de Condiciones de Trabajo, especialmente en lo relacionado con Oferta de Empleo Público. Eliminando la situación anómala de más de 300 contratados, alguno con más de 5 años de antigüedad, cuya rotación de contratos se repite hasta 6 veces para una misma persona.
9º.- NO AL LATROCINIO DEL PUEBLO, NO A LAS PRIVATIZACIONES.
Con un plan perfectamente diseñado se han venido privatizando los Servicios públicos.
Detrás de las privatizaciones se esconden el paso de patrimonio y recursos de todos a manos de unos pocos ,que suelen ser amigos de los políticos de turno. Las privatizaciones también esconden subidas de impuestos encubiertas, para financiar en algunos casos necesidades reales, y en otros para continuar con el despilfarro abonando aún más las políticas clientelares.
Sanidad, Educación y demás servicios públicos, no sólo son la expresión de S O L I D A R I D A D de la sociedad con los más necesitados, sino la garantía de redistribución de la riqueza.
Por todo esto EXIGIMOS de la corporación municipal.
¡¡ NI UNA PRIVATIZACIÓN MÁS!!
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