Las organizaciones sociales se movilizarán contra la reforma de la Constitución y por la convocatoria de un referéndum
Lunes, 29 de Agosto de 2011 17:40
Las organizaciones sociales y los sindicatos CCOO, UGT y USO, reunidos esta mañana en la sede de CCOO para estudiar acciones contra la reforma de la Constitución que establece un límite de déficit, y para exigir la convocatoria de un referéndum, han decidido realizar concentraciones los días 31 de agosto y 1 de septiembre en distintas localidades del país, víspera de la discusión en el Congreso de la iniciativa pactada por PSOE y PP. Asimismo, han acordado apoyar las demás concentraciones y movilizaciones que se convoquen estos días -en particular la recogida electrónica de firmas-, y celebrar una manifestación en Madrid el día 6 de septiembre, a las 19h, entre Cibeles y Sol, antes del debate en el Senado.
A la reunión han asistido CCOO, UGT, USO, Paz con Dignidad, Consejo de la Juventud de España, Sindicato de Estudiantes, Paz Ahora, Confederación Intersindical, Habitáfrica, Coordinadora de ONGs para el Desarrollo (CONGDE), Plataforma 2015 y +, Asamblea de Cooperación por la Paz, Socialismo 21, Adicae, Comisión Promotora de las Mesas Ciudadanas para la Convergencia y la Acción.
Los asistentes han hecho pública una declaración en la explican las razones por las que rechazan la reforma de la Constitución, que ataca los intereses de los trabajadores, supone una grave limitación al autogobierno de las diferentes AAPP, y constituye una amenaza para las prestaciones e instituciones del Estado de Bienestar.
Sindicatos y ONG consideran que la reforma se realiza además de manera precipitada, urgente, sin debate público y hurtando la participación de los ciudadanos, y sólo satisface las demandas de los mercados frente a las de la sociedad.
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CONTRA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Y POR LA CONVOCATORIA DE UN REFERÉNDUM
Las organizaciones sociales abajo firmantes acuerdan manifestar públicamente su rechazo a la propuesta de reforma de la Constitución Española elaborada por los responsables de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, pedir a los diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios que no la voten favorablemente y que, en el caso de que la propuesta fuera aprobada, se convoque un referéndum para su ratificación.
Consideramos que por su contenido y por sus plazos de aplicación esta reforma no va a ayudar a la reducción de los niveles actuales de déficit público que sólo puede lograrse sin deteriorar gravemente el tejido económico y social de nuestro país, mediante la promoción del crecimiento económico y el empleo, una reforma fiscal equitativa y progresiva y un permanente rigor en el uso del gasto público.
Al mismo tiempo impone una grave limitación a la autonomía de los gobiernos democráticos y a la capacidad de autogobierno presupuestario de las diferentes administraciones públicas. Esto afectará gravemente a su capacidad de utilizar la política presupuestaria al servicio de los objetivos de la política general. Supuestamente motivada por los ataques especulativos a las deudas soberanas, la reforma introduce en nuestra máxima norma jurídica un factor económico de carácter netamente procíclico que puede llegar a impedir la acción de los gobiernos para que nuestra economía no entre, en el futuro, en una recesión. Constituye también una amenaza permanente para las prestaciones e instituciones del Estado de bienestar, las políticas sociales y la cooperación para el desarrollo.
Si el contenido es rechazable, el procedimiento que se va a adoptar para su aprobación es inaceptable: se va a producir con la legislatura agotada, se anuncia en pleno período de vacaciones, se quiere aprobar definitivamente transcurridos sólo quince días desde que el Presidente del Gobierno la propusiera el 23 de agosto, se quiere realizar sin debate político ni social de ninguna clase y, finalmente, sin que la reforma sea sometida a referéndum.
Por todo ello y teniendo en cuenta que su contenido –la constitucionalización de la obligación de equilibrio presupuestario y límite de la deuda en las cuentas de las administraciones públicas- es una opción ideológica y política que además de ser errónea e inútil tiene un carácter marcadamente conservador, podemos afirmar que esta reforma rompe el consenso constitucional sobre el que se basó la elaboración de nuestra Carta Magna.
Ante la gravedad de este proceder, las organizaciones sociales abajo firmantes consideran necesario que la ciudadanía exprese públicamente:
Su rechazo a la reforma constitucional que se propone
La petición a los/as diputados/as y senadores/as de que no la voten favorablemente en el trámite parlamentario.
La exigencia de que si la propuesta es aprobada por el Parlamento sea sometida a referéndum
Para ello, las organizaciones abajo firmantes llaman a la ciudadanía y a las fuerzas políticas y sociales a que participen en las movilizaciones que se convoque. Conscientes de la necesidad de trabajar por la convergencia de todas las organizaciones y plataformas que estamos contra esta reforma de la Constitución, acuerdan en particular:
Convocar concentraciones y manifestaciones los días 31 de agosto y 1 de septiembre en las distintas localidades del Estado español
Apoyar la participación en las demás concentraciones y movilizaciones que se convoquen estos días contra la reforma de la Constitución y por la convocatoria de un referéndum
Apoyar iniciativas de diferente naturaleza, en particular la recogida electrónica de firmas
Culminar con una manifestación en Madrid el próximo martes, 6 de septiembre a las 19:00 entre Cibeles y Sol
Madrid, 29 de agosto de 2011
lunes, 29 de agosto de 2011
sábado, 27 de agosto de 2011
Ante la nueva Reforma Laboral
COMUNICADO DE LAS MESAS CIUDADANAS DE CONVERGENCIA Y ACCIÓN ANTE LA NUEVA REFORMA LABORAL
El 17 de septiembre de 2010 se aprobaba la Ley 35/2010 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. La limitación de derechos laborales que supuso aquella reforma fue prontamente contestada mediante la Huelga General del 29 del mismo mes. El 26 de agosto de 2011, menos de un año después y sin haber si quiera puesto en marcha la totalidad del contenido de aquella reforma, el Gobierno del PSOE ha aprobado una nueva modificación de las leyes laborales, ahondando en la precariedad y en la temporalidad, particularmente de los trabajadores menores de 30 años como supuestas vías, claramente erróneas, de creación de empleo.
La nueva reforma comparte los errores de la anterior y los amplía, siendo de nuevo una muestra de la utilización de las normas laborales como un elemento de amortiguación de las consecuencias de la crisis financiera y del modelo de producción. Ante el contenido del borrador de Real Decreto que será prontamente aprobado por el Gobierno, las Mesas de Convergencia denuncian:
- Que la nueva reforma parte, una vez más, de un error de base como es vincular la salida de crisis económica con la desregulación normativa del mercado de trabajo y la reducción de los derechos de los trabajadores. Es intolerable el grado de cinismo alcanzado por Gobierno y utilizado por el ministro de trabajo Valeriano Gómez y que se resume en la expresión “preferimos tener un empleo temporal antes que un parado”. Con esta frase se pretende justificar la opción por la precariedad como vía para combatir el desempleo, planteando un dilema falso, o precariedad o paro, para cubrir un nuevo regalo a la patronal. Se trata de una falacia interesada y la realidad es la contraria: la precarización del mercado de trabajo es un factor decisivo que explica el alto desempleo existente en España en relación a otros países de la UE. Ante una recaída en recesión la vía más rápida para los despidos es la no renovación de contratos temporales como se evidenció tras el estallido de la crisis en 2008 hasta hoy. Esta medida, junto con las facilidades para realizar despidos por causas económicas incluidas en la reforma de 2010, es la carta de defunción del principio de estabilidad en el empleo y el derecho a un empleo estable y de calidad.
- Que no existe, como no existía en el caso de la anterior reforma del mercado de trabajo, una situación de extraordinaria y urgente que justifique la utilización de un Real Decreto por parte del Gobierno. La utilización de esta norma muestra de la voluntad de rehuir la discusión, primero con los agentes sociales y luego en el parlamento, para la puesta en marcha de las reformas laborales. A esto se une la “agostidad” de la decisión, orientada en idéntico sentido de opacidad y falta de transparencia.
- Que la reforma laboral afirma dirigirse a conseguir la estabilidad en el empleo lo cual es radicalmente falso tal y como afirmó el propio Ministro de Trabajo en la presentación de la misma al señalar que “preferimos tener un empleo temporal antes que un parado”. Esta nueva reforma de 2011 mantiene y agrava los efectos de la del 2010 en la línea de fractura del principio de estabilidad en el empleo, aumento de la precariedad y de la temporalidad. La Ley 35/2010 del septiembre pasado, que reformó el mercado de trabajo, vinculó erróneamente la creación de empleo con una mayor facilidad para despedir, mediante la ampliación del ámbito subjetivo del Contrato para el Fomento de la Contratación Indefinida, que se amplía de nuevo con la actual reforma, con la apertura y de las causas del despido objetivo o la facilitación del procedimiento del despido colectivo. Así mismo, la ley 35/2010 introdujo, como uno de sus pocos puntos positivos, una mejora en la limitación del encadenamiento de contratos temporales. La nueva reforma laboral aprobada el 26 de agosto acaba con este límite, eliminando el art. 15.5 del Estatuto de los Trabajadores y permitiendo así el encadenamiento de contratos temporales sin límite.
- Que la nueva reforma laboral afirma dirigirse a la promoción mejorar las oportunidades de empleo y formación de los jóvenes en situación de desempleo pero basa esta promoción en la precarización de la fórmula contractual que se va a ofrecer a los jóvenes entre los 16 y los 30 años. El nuevo contrato “para el aprendizaje y la formación” permitirá contratar a las personas de menos de 30 años sin título universitario o de formación profesional, con un contrato temporal y un salario que, al adecuarse a la jornada laboral que será un 75% menor que la de un contrato ordinario, puede estar por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Esta vía de inserción laboral no ofrece a los jóvenes más que inseguridad y precariedad.
- Que es cierto que en la nueva reforma se introducen otras cuestiones dirigidas al fomento del empleo, bonificando las cuotas empresariales a la seguridad social en los contratos formativos, sin duda los más precarios, o a mantener la protección social de las personas en situación límite, como la prórroga de la ayuda para la recualificación profesional de las personas que agoten la protección por desempleo. También se trata, como primer punto de esta nueva reforma, la creación del fondo individual de capitalización, que fue uno de los mandatos que la Ley 35/2010 enviaba al Gobierno. Reconociendo la falta de viabilidad de esta propuesta, largamente criticada durante la tramitación de la norma del año pasado, la nueva norma prorroga la actuación del FOGASA limitándola a los despidos procedentes. Aun cuando cada una de estas medidas sea en sí misma positiva en cuanto a la protección puntual de la situación de los empresarios y de los trabajadores, todas ellas son meros parches a los defectos estructurales creados a golpe de reformas laborales efectuadas a rebufo de cada nueva crisis económica.
Por todo lo antedicho, por lo injustificado de la adopción mediante un Real Decreto, sin el acuerdo de los actores sociales y sin el debate parlamentario, con la opacidad derivada de su aprobación durante el mes de agosto y sobretodo por su contenido contrario a los derechos de los trabajadores a un empleo estable y de calidad y en particular de los jóvenes, desde la Promotora de las Mesas de Convergencia y Acción Ciudadana, exigimos
- La retirada inmediata del Real Decreto aprobado por el Gobierno del PSOE el 26 de agosto de 2011
- La apertura de un periodo de negociaciones entre el gobierno y los agentes sociales para acometer una reforma laboral coherente con el principio de estabilidad en el empleo y la calidad del mismo y respetuosa con los derechos de los trabajadores individuales y colectivos así como la tramitación de esta reforma mediante un Ley y no mediante un Real Decreto.
Y para ello desde la Promotora llamamos a la movilización social general en todas las ciudades del Estado y a la toma del espacio público como muestra de protesta y denuncia hasta que se cambie el rumbo de la actual política laboral del Gobierno. Para ello secundamos las movilizaciones ya convocadas como la del 28 de agosto y muy especialmente la del 15 de octubre.
El 17 de septiembre de 2010 se aprobaba la Ley 35/2010 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. La limitación de derechos laborales que supuso aquella reforma fue prontamente contestada mediante la Huelga General del 29 del mismo mes. El 26 de agosto de 2011, menos de un año después y sin haber si quiera puesto en marcha la totalidad del contenido de aquella reforma, el Gobierno del PSOE ha aprobado una nueva modificación de las leyes laborales, ahondando en la precariedad y en la temporalidad, particularmente de los trabajadores menores de 30 años como supuestas vías, claramente erróneas, de creación de empleo.
La nueva reforma comparte los errores de la anterior y los amplía, siendo de nuevo una muestra de la utilización de las normas laborales como un elemento de amortiguación de las consecuencias de la crisis financiera y del modelo de producción. Ante el contenido del borrador de Real Decreto que será prontamente aprobado por el Gobierno, las Mesas de Convergencia denuncian:
- Que la nueva reforma parte, una vez más, de un error de base como es vincular la salida de crisis económica con la desregulación normativa del mercado de trabajo y la reducción de los derechos de los trabajadores. Es intolerable el grado de cinismo alcanzado por Gobierno y utilizado por el ministro de trabajo Valeriano Gómez y que se resume en la expresión “preferimos tener un empleo temporal antes que un parado”. Con esta frase se pretende justificar la opción por la precariedad como vía para combatir el desempleo, planteando un dilema falso, o precariedad o paro, para cubrir un nuevo regalo a la patronal. Se trata de una falacia interesada y la realidad es la contraria: la precarización del mercado de trabajo es un factor decisivo que explica el alto desempleo existente en España en relación a otros países de la UE. Ante una recaída en recesión la vía más rápida para los despidos es la no renovación de contratos temporales como se evidenció tras el estallido de la crisis en 2008 hasta hoy. Esta medida, junto con las facilidades para realizar despidos por causas económicas incluidas en la reforma de 2010, es la carta de defunción del principio de estabilidad en el empleo y el derecho a un empleo estable y de calidad.
- Que no existe, como no existía en el caso de la anterior reforma del mercado de trabajo, una situación de extraordinaria y urgente que justifique la utilización de un Real Decreto por parte del Gobierno. La utilización de esta norma muestra de la voluntad de rehuir la discusión, primero con los agentes sociales y luego en el parlamento, para la puesta en marcha de las reformas laborales. A esto se une la “agostidad” de la decisión, orientada en idéntico sentido de opacidad y falta de transparencia.
- Que la reforma laboral afirma dirigirse a conseguir la estabilidad en el empleo lo cual es radicalmente falso tal y como afirmó el propio Ministro de Trabajo en la presentación de la misma al señalar que “preferimos tener un empleo temporal antes que un parado”. Esta nueva reforma de 2011 mantiene y agrava los efectos de la del 2010 en la línea de fractura del principio de estabilidad en el empleo, aumento de la precariedad y de la temporalidad. La Ley 35/2010 del septiembre pasado, que reformó el mercado de trabajo, vinculó erróneamente la creación de empleo con una mayor facilidad para despedir, mediante la ampliación del ámbito subjetivo del Contrato para el Fomento de la Contratación Indefinida, que se amplía de nuevo con la actual reforma, con la apertura y de las causas del despido objetivo o la facilitación del procedimiento del despido colectivo. Así mismo, la ley 35/2010 introdujo, como uno de sus pocos puntos positivos, una mejora en la limitación del encadenamiento de contratos temporales. La nueva reforma laboral aprobada el 26 de agosto acaba con este límite, eliminando el art. 15.5 del Estatuto de los Trabajadores y permitiendo así el encadenamiento de contratos temporales sin límite.
- Que la nueva reforma laboral afirma dirigirse a la promoción mejorar las oportunidades de empleo y formación de los jóvenes en situación de desempleo pero basa esta promoción en la precarización de la fórmula contractual que se va a ofrecer a los jóvenes entre los 16 y los 30 años. El nuevo contrato “para el aprendizaje y la formación” permitirá contratar a las personas de menos de 30 años sin título universitario o de formación profesional, con un contrato temporal y un salario que, al adecuarse a la jornada laboral que será un 75% menor que la de un contrato ordinario, puede estar por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Esta vía de inserción laboral no ofrece a los jóvenes más que inseguridad y precariedad.
- Que es cierto que en la nueva reforma se introducen otras cuestiones dirigidas al fomento del empleo, bonificando las cuotas empresariales a la seguridad social en los contratos formativos, sin duda los más precarios, o a mantener la protección social de las personas en situación límite, como la prórroga de la ayuda para la recualificación profesional de las personas que agoten la protección por desempleo. También se trata, como primer punto de esta nueva reforma, la creación del fondo individual de capitalización, que fue uno de los mandatos que la Ley 35/2010 enviaba al Gobierno. Reconociendo la falta de viabilidad de esta propuesta, largamente criticada durante la tramitación de la norma del año pasado, la nueva norma prorroga la actuación del FOGASA limitándola a los despidos procedentes. Aun cuando cada una de estas medidas sea en sí misma positiva en cuanto a la protección puntual de la situación de los empresarios y de los trabajadores, todas ellas son meros parches a los defectos estructurales creados a golpe de reformas laborales efectuadas a rebufo de cada nueva crisis económica.
Por todo lo antedicho, por lo injustificado de la adopción mediante un Real Decreto, sin el acuerdo de los actores sociales y sin el debate parlamentario, con la opacidad derivada de su aprobación durante el mes de agosto y sobretodo por su contenido contrario a los derechos de los trabajadores a un empleo estable y de calidad y en particular de los jóvenes, desde la Promotora de las Mesas de Convergencia y Acción Ciudadana, exigimos
- La retirada inmediata del Real Decreto aprobado por el Gobierno del PSOE el 26 de agosto de 2011
- La apertura de un periodo de negociaciones entre el gobierno y los agentes sociales para acometer una reforma laboral coherente con el principio de estabilidad en el empleo y la calidad del mismo y respetuosa con los derechos de los trabajadores individuales y colectivos así como la tramitación de esta reforma mediante un Ley y no mediante un Real Decreto.
Y para ello desde la Promotora llamamos a la movilización social general en todas las ciudades del Estado y a la toma del espacio público como muestra de protesta y denuncia hasta que se cambie el rumbo de la actual política laboral del Gobierno. Para ello secundamos las movilizaciones ya convocadas como la del 28 de agosto y muy especialmente la del 15 de octubre.
Golpe de Estado Económico de los PP$o€
Las Mesas de Convergencia y Acción denuncian el intento de Golpe de Estado económico del PSOE Y PP y reclaman un referéndum vinculante sobre la medida que proponen sobre los déficit públicos
Miércoles, 24 de Agosto de 2011 11:14
Uno de los grandes mitos de las políticas neoliberales que han provocado la crisis más grande de los últimos cien años es que los gobiernos no pueden endeudarse y que deben cerrar sus cuentas con “déficit cero”, el llamado principio de “estabilidad presupuestaria”.
Se trata de un principio cuya bondad intrínseca nadie ha podido demostrar en la ciencia económica y buena prueba de ello es que los gobiernos se lo han tenido que saltar continuamente para evitar males mayores y poder gestionar adecuadamente la economía.
La estabilidad presupuestaria equivale a conducir un automóvil con la dirección fija, sin tener en cuenta que hay que girar a izquierda o derecha cuando se presentan curvas en el camino. Así, cuando una economía va mal y le falta impulso proveniente de la iniciativa privada, la única solución es el gasto público, como acabamos de ver en la crisis reciente. E incluso cuando va bien es cuando una economía puede permitirse cierto endeudamiento para poder invertir en aquellos bienes (obras públicas, colegios, hospitales, centros de investigación…) que tienen un alto coste y no se pueden pagar en un solo momento pero que van a utilizarse por varias generaciones. Sobre todo, las economía como la española que todavía sufren graves déficits sociales y económicos con su entorno.
Por esa razón, renunciar al endeudamiento público es renunciar a la financiación de esos bienes y servicios que son claves para el bienestar de las personas (sobre todo de las que no tienen ingresos para adquirirlos en el mercado) y para las empresas, que no podrían por sí solas financiar el capital social que necesitan para obtener beneficios y crear empleo.
Si la prohibición de incurrir en endeudamiento va acompañada, como además proponen los gobiernos neoliberales, de reducciones de impuestos, la consecuencia inevitable solo puede ser una peor y más insegura gestión económica y una menor provisión de esos bienes públicos, es decir, más crisis, menos empleo y menos riqueza privada y social.
La razón por la que los neoliberales, como ahora Zapatero, se empeñan en adoptar esta medida económicamente irracional es muy clara: abrir la puerta para el negocio privado porque disminuyendo y empeorando la provisión de bienes y servicios públicos es como se puede justificar ante la población una mayor oferta de esos mismos bienes por el mercado. Y, además, porque de esa forma se facilita el incremento de la deuda privada que es el gran negocio de la banca. Pero incluso denunciamos algo más grave y es que se “constitucionaliza” el neoliberalismo, consagrando en la carta magna una determinada ideología política, ultra-liberal y ultra-conservadora.
Todas estas razones hacen que el acuerdo propuesto por el presidente Zapatero en una aplicación política del Pacto del Euro, sea EL MÁS PELIGROSO Y DAÑINO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL PUEBLO ESPAÑOL DESDE LA MUERTE DEL DICTADOR porque condenará a la economía española a permanecer en situación de desventaja y a no poder mejorar nunca su modelo productivo, ni su competitividad, ni sus estándares de bienestar social.
Pero si estas razones justifican de por sí mismas la oposición a este acuerdo, la intención de adoptarlo mediante una reforma de la Constitución sin referéndum, es decir, sin debate social y sin que la población pueda tener información, deliberar y pronunciarse constituye en nuestra opinión UN GOLPE DE ESTADO ECONÓMICO que hay que rechazar por todos los medios pacíficos y democráticos a nuestro alcance.
Por estas razones la Promotora estatal de la red de Mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción llama a todas las organizaciones, sindicatos, partidos, movimientos sociales y personas amantes de la justicia y defensoras del Estado de Derecho, el autogobierno, los estatutos de autonomía y el bienestar social a movilizarse en todas los rincones de nuestras ciudades y centros de trabajo para expresar su rechazo solicitando por todos los medios a su alcance la CONVOCATORIA DE UN REFERENDUM VINCULANTE y la apertura de un debate social plural y auténticamente democrático sobre esta medida.
Promotora Estatal de las Mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción
24 agosto 2011
Puedes apoyar esta propuesta, firmando la iniciativa del profesor Vicenç Navarro en Actuable, utilizando el formulario que verás en la cabecera izquierda del blog.
Al firmar la petición estarás enviando esta carta
Destinatario: Todos los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado
Señorías,
El Presidente ha anunciado su intención de promover la reforma constitucional para incluir un límite al déficit público.
Se trata de una modificación que de acuerdo con la Constitución Española no exige necesariamente la celebración de un referéndum vinculante.
Este asunto es de tal importancia y va a ser tan determinante para nuestro futuro que le pido que si esta modificación es finalmente aprobada por las cámaras, su grupo parlamentario se comprometa a solicitar que esta reforma sea sometida a referéndum para su ratificación tal y como recoge el artículo 167.3 de la Constitución Española.
Atentamente,
El Presidente ha anunciado su intención de promover la reforma constitucional para incluir un límite al déficit público.
Se trata de una modificación que de acuerdo con la Constitución Española no exige necesariamente la celebración de un referéndum vinculante.
Este asunto es de tal importancia y va a ser tan determinante para nuestro futuro que le pido que si esta modificación es finalmente aprobada por las cámaras, su grupo parlamentario se comprometa a solicitar que esta reforma sea sometida a referéndum para su ratificación tal y como recoge el artículo 167.3 de la Constitución Española.
Atentamente,
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